Compliance anticorrupción en la era Moro
Artículo en Folha de S.Paulo, el 03/12/2018, sobre compliance anticorrupción en las empresas en la llamada 'era Moro'.
Traducción del texto original.
Nuevos tiempos sugieren una gran prueba para las empresas
3 dic. 2018 a las 2h00
Fábio Medina Osório
Se sabe que el concepto de “compliance” remite a categorías amplias y a una transversalidad disciplinaria. Se puede hablar de “compliance multisectorial”, en la medida en que esa expresión traduce, en esencia, la necesidad de un ajuste del sector, sea público o privado, al ambiente normativo complejo, a partir de una autorregulación organizacional.
Los universos normativos son cada vez más sofisticados, pues sugieren integraciones nacionales, subnacionales, regionales e internacionales, una auténtica maraña normativa que exige tecnología para su seguimiento y actualización. Hay que combinar el detalle y el principialismo, la simplicidad y la sofisticación. La finalidad última de un “compliance” es el ajuste de los comportamientos a las reglas esenciales a determinadas áreas de la organización.
Un “compliance” notablemente transdisciplinario es el dirigido a la anticorrupción, que afecta muchas áreas de cualquier empresa o entidad. Curioso constatar que la mayoría –si no la totalidad– de las grandes empresas sorprendidas en la Operación Lava Jato (considerada la mayor operación anticorrupción del mundo) poseía programas de “compliance” en marcha, algunos con fuerte apariencia de robustez.
Muchas de ellas financiaban eventos y seminarios con agentes públicos en Brasil y en el exterior, mientras entablaban contactos espurios para la confección de normativas en su beneficio ante los Poderes constituidos. El “compliance” que poseían era de “fachada”, tal como lo definió el Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica) –es decir, aquella especie de programa superficial, enmascarado, que no se aplica en la cultura corporativa de la empresa.
¿Habrá cambiado este ambiente o aún vivimos un espacio de “compliance” de fachada en innumerables empresas? Pienso que la gran prueba ocurrirá en estos nuevos tiempos de alta fiscalización y combate a la corrupción pública y empresarial que vamos a vivir, a partir del momento en que esta agenda no es solo del Ministerio Público o de las autoridades administrativas independientes, sino también del propio Poder Ejecutivo, en la versión del futuro ministro Sergio Moro.
La responsabilidad de las empresas por organización defectuosa de sus estructuras puede medirse en razón de la impunidad de quien practica ilícitos en sus organizaciones, y eso se hace posible desde una perspectiva de múltiples factores.
Para que las empresas puedan tener inmunidad frente a la responsabilidad objetiva por actos de terceros, es necesario contar con una estructura de “compliance” dotada de independencia, autonomía contractual, capacidad operativa y autoridad para imponer un programa efectivo de integridad.
Es imperioso que la empresa esté apta para fiscalizar el cumplimiento permanente de las normativas adecuadas, con canales de denuncia ajustados, notablemente orientados a la protección de los denunciantes de buena fe. Ninguna organización está inmune a un acto de corrupción practicado por algún empleado o proveedor. El problema es la laguna de la reacción o de los mecanismos de coerción y fiscalización.
El mayor avance de la cultura del “compliance” será en la fiscalización de los competidores y en el perfeccionamiento del mercado. Ese será un paso decisivo de las empresas. El verdadero “compliance” presupone no solo el chequeo interno, sino del propio mercado, de los ambientes organizacionales como un todo, eliminándose cárteles y prácticas espurias.
Si una empresa invierte fuertemente en su “compliance” interno, es consecuencia lógica que fiscalizará a sus competidores, o apostará por entidades asociativas que hagan ese trabajo, pues todo un sector presupone vínculos recíprocos.
Ninguna empresa soportará la competencia desleal, mucho menos las prácticas espurias de sus pares, en la medida en que el contagio de un acto ilícito se esparce como un virus por todo un segmento, pudiendo mancharlo ante la comunidad internacional.
Fábio Medina Osório
Abogado y exministro-jefe de la Abogacía General de la Unión (mayo/sept. 2016, gobierno Temer)