“Corrupción e ineficiencia sistémica”, artículo de Fábio Medina Osório
Artículo del 12/07/2012 sobre corrupción e ineficiencia sistémica, con referencia a organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el FMI.
Traducción del texto original.
En el mundo globalizado hay una preocupación creciente de la sociedad con relación a la corrupción. De ahí que existan organismos internacionales que se dedican a medir esa patología por medio de criterios que dependen de formadores de opinión, como es el caso de Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de un fenómeno hasta ahora muy difícil de medir y los criterios adoptados pueden, incluso, ser cuestionados precisamente por quienes forman la opinión.
Puede ocurrir la paradoja, por ejemplo, de que los medios expongan más intensamente pautas de escándalos públicos, generando la impresión de que han aumentado, cuando, en realidad, lo que puede haber aumentado es la intensidad de los focos sobre las prácticas no republicanas. También puede ocurrir que la exposición pública tenga relación estrecha con un aumento significativo de las prácticas deshonestas en el sector público. No hay criterios suficientes para esa medición científica, a falta de una agencia independiente y autónoma para esas estadísticas, que no han sido un foco central de otras instituciones.
Para medir el problema, hay una primera dificultad: definir conceptualmente la corrupción y crear prioridades y criterios para diferenciarla de las ilegalidades. Para muchas de las instituciones internacionales, desde un prisma sociológico, el concepto abarca simplemente el uso de poderes públicos para alcanzar fines privados. Tal especie de simplificación trae consigo el riesgo de mezclar prácticas muy diversas entre sí, tales como cualquier tipo de aparente favorecimiento indebido en el sector público, la desviación de poder, la desviación de finalidad, la violación de las reglas de competencia e incluso una enorme gama de ilegalidades que tratan de conflictos de intereses explícitos o implícitos. Es decir, en ese amplio concepto, es posible mezclar situaciones extremadamente distintas y producir perplejidades insuperables. Es lo que viene ocurriendo, aparentemente, no pocas veces, con la incidencia de la Ley 8.429/92, que busca combatir la improbidad administrativa.
Sin embargo, existe otro fenómeno, que concierne mucho más de cerca a los países en desarrollo, vinculado indirectamente a prácticas de enriquecimiento ilícito en el sector público, que quizás merezca, cada vez más, una atención intensa de las autoridades públicas y de la propia opinión pública. Se sabe que ese fenómeno, por sí solo, es causa de perjuicios inmensos para la sociedad y para las arcas públicas, quizás mucho mayores que los derivados de las prácticas definidas como corruptas. Se trata de la ineficiencia endémica o sistémica.
La desorganización institucionalizada, sistematizada, endémica debe ser objeto de atención de los órganos públicos y fiscalizadores porque involucra prácticas de profundo desperdicio de los recursos públicos. Además, crea ambientes fértiles para prácticas deshonestas y falta de controles internos o externos, ausencia de transparencia y poca efectividad de los mecanismos de contención y prevención. No hay dudas de que se trata de una agenda extremadamente importante.
No se puede aceptar que ningún sector quede inmune a reglas de transparencia y a controles internos y externos adecuados. Es imperioso fomentar niveles adecuados de monitoreo de los resultados y de las desviaciones. El sector público no puede, evidentemente, constituir una agenda instrumentalizada en favor de intereses subalternos, pero esa percepción debe adentrarse en las estructuras institucionales. Esto no significa ser refractario a la agenda de la iniciativa privada: al contrario, los intereses pueden y deben ser convergentes, intereses públicos, privados, generales, colectivos, difusos, en la medida de lo posible y de lo ponderable.
Repárese en el caso de las agencias reguladoras. Su eficacia, operatividad y actuación dependen, en última instancia, de presupuestos adecuados, independencia de las autoridades, mandatos autónomos y lo bastante longevos para asegurarles distanciamiento respecto del poder político y económico, distanciamiento que no signifique aislamiento de la burocracia. Lo mismo vale para los tribunales administrativos de una nación: dependen de mandatos longevos, criterios adecuados para la elección de los miembros y controles técnicos en los nombramientos, además de toda una agenda de compromisos con la transparencia y la productividad. Se puede medir el grado de desarrollo de un país por las estructuras institucionales vigentes.