Derecho fundamental a la comprensión de las decisiones públicas

Consolidar el pacto entre tecnología, enseñanza y transparencia es urgente; el Estado no puede ocultarse en sus propios datos.

El análisis de la consolidación de la teoría de los precedentes en Brasil, a la luz de las innovaciones traídas por el CPC (Código de Proceso Civil) de 2015, revela un momento destacado en la búsqueda de previsibilidad y racionalidad dentro del sistema judicial.

A partir de ese hito, las decisiones judiciales pasaron a tener fuerza vinculante, convirtiéndose en referencias fundamentales tanto para la administración como para los tribunales. Eso no solo implica una deferencia institucional, sino que demanda una estructura organizacional sólida, anclada en la memoria y en la transparencia.

El desafío por enfrentar va más allá del campo jurídico, abarcando aspectos estructurales. La efectividad del sistema de precedentes exige que el Estado, en sus diversas esferas y órganos, establezca bases de datos jurídicas que logren almacenar, clasificar, interpretar y relacionar una amplia gama de decisiones, acuerdos y manifestaciones normativas.

Esa necesidad no se restringe al Poder Judicial, sino que involucra igualmente a las agencias reguladoras, los tribunales de cuentas, el Ministerio Público y las instancias administrativas responsables de decisiones con relevancia jurídica.

Resulta crucial reconocer, sin embargo, que la esfera administrativa representa el eslabón más frágil de la cadena institucional brasileña. A pesar de iniciativas importantes en el Poder Judicial brasileño, la realidad muestra que la gran mayoría de las instituciones públicas aún carece de bases de datos que sean estructuradas, auditables y semánticamente organizadas. Como resultado, las decisiones administrativas, los procesos disciplinarios, los acuerdos judiciales y extrajudiciales, además de los contratos y todo el universo de la jurisprudencia disciplinaria y sancionatoria permanecen dispersos y fragmentados, lo que dificulta el acceso a la memoria institucional, la cual debería orientar las acciones del Estado.

En este contexto, la actuación de los algoritmos es fundamental. Actualmente, la organización de los precedentes depende de sistemas que utilizan parámetros jurídicos, semánticos y estadísticos. Implementar algoritmos para categorizarlos exige una base normativa sólida, curaduría técnica y una estructura de datos que pueda ser auditada.

Sin esos requisitos, se corre el riesgo de que la repetición prevalezca sobre la coherencia, convirtiendo la automatización en una amenaza a la propia esencia del juicio.

El universo de la estadística debe ser comprendido en el contexto del impacto de la IA. La estadística puede clasificarse por diferentes parámetros. Para tener una referencia, podemos hablar de estadísticas inferenciales, predictivas, diagnósticas, multivariadas, frecuentistas, bayesianas, no paramétricas, jurimétricas, forenses, sociales, políticas, educacionales, descriptivas, explicativas, de alta dimensionalidad y con múltiples variaciones, de conformidad con la disciplina a la que se aplica –como es el caso de la bioestadística, la psicometría, la estadística computacional y así sucesivamente.

Es decir, las bases de datos jurídicas también sirven para investigaciones estadísticas, con integración a la IA, para extraer desdoblamientos en múltiples otras áreas y políticas públicas. Se sabe que las decisiones normativas impactan la economía y las políticas públicas en innumerables otras esferas de la sociedad en su conjunto. La interpretación del derecho, en ese aspecto, es necesariamente transdisciplinaria y no se reduce al análisis económico del derecho.

Organizar precedentes, por lo tanto, es garantizar el derecho a la comprensión (el derecho a la comprensión de las decisiones públicas, por parte de las personas, deriva de los derechos fundamentales inscritos en los artículos 37, caput, 51, inciso 14, 5.º, inciso 60 y 1.º, inciso 3).

Cada individuo, sea persona física o jurídica, tiene el derecho de entender los criterios que fundamentan las decisiones públicas que los afectan. Ese derecho fundamental a la comprensión está intrínsecamente ligado a la transparencia, a la trazabilidad y a la legitimidad institucional, y solo se concreta cuando las decisiones son inteligibles, auditables y compatibles con la jurisprudencia consolidada.

Sin bases de datos jurídicas bien estructuradas no hay precedentes reales, solo acumulación desordenada de decisiones. Y donde hay acumulación, surgen ruidos, desigualdades y arbitrariedades, comprometiendo la justicia y la eficacia del sistema.

La base de datos jurídica estructurada se revela como una plataforma digital capaz de almacenar, clasificar y correlacionar decisiones administrativas y judiciales, normas, acuerdos y documentos regulatorios.

Esa organización debe seguir criterios jurídicos definidos, con clasificaciones rigurosas que aseguren trazabilidad y control de versiones. Más que conservar, la base de datos debe garantizar coherencia institucional, viabilizar consultas inteligentes, interpretaciones consistentes y decisiones alineadas con el historial jurídico de las instituciones y con los sistemas de precedentes.

En ese contexto, las bases de datos jurídicas constituyen auténticos ecosistemas vivos, que se alimentan de indexación normativa y decisoria permanente, a partir de lógicas algorítmicas, metadatos y jerarquías discursivas y patrones preestablecidos.

La estadística contemporánea, en este aspecto, en sus múltiples vertientes, ejerce múltiples funciones críticas, con eficacias causales, algorítmicas e impactos profundos en la lectura institucional de las normas y decisiones mapeadas e indexadas.

No se puede ignorar que la función estadística, integrada a las bases de datos, permite el ejercicio de innumerables funcionalidades en la comprensión de la consolidación de determinadas decisiones como patrones normativos y, además, de sus consecuencias e impactos en la sociedad, además de las desviaciones, disfunciones, corrientes hermenéuticas subyacentes e innumerables otras patologías subjetivas u objetivas inherentes al fenómeno decisorio o incluso algorítmico.

La IA, por su parte, actúa integrada a la estadística contemporánea para viabilizar lecturas avanzadas, veloces y a partir de datos masivos. La IA desempeña, igualmente, funciones variadas y su presupuesto es la estadística, pero sus funciones son distintas y se integran en ese universo, siempre que tenga premisas auditables y racionalmente rastreables.

La tecnología, en ese punto, tendrá impactos profundos en los modelos clasificatorios basados en el lenguaje de los precedentes, similitudes argumentativas, fundamentos jurídicos predominantes, reconocimiento de patrones argumentativos y normativos en las decisiones, detección de contradicciones frecuentes, incongruencias, coherencias necesarias, modelos predictivos y una serie gigantesca de patrones que tengan por objetivo asegurar previsibilidad, seguridad jurídica y eficiencia en el sistema normativo.

En la era de la transparencia y de la complejidad, el derecho a la comprensión de las decisiones públicas aparece como un derecho fundamental que se desdobla del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, un derecho inherente al debido proceso legal sustancial (artículo 5º, inciso 54, de la Constitución).

Publicar decisiones en diarios oficiales no es suficiente, pues esos instrumentos no permiten el acceso sustancial a la transparencia del conjunto de decisiones que forman la norma consubstanciada en los precedentes. Por otra parte, las bases de datos del Poder Judicial no son suficientes, pues no aseguran la interconexión con los demás Poderes ni la efectiva eficacia de los precedentes ante todo el Estado brasileño.

Además, la propia formación de los precedentes exige el fortalecimiento cultural de los actores públicos y privados en el arte decisorio, circunstancia que implica transformaciones más profundas en la enseñanza brasileña y en las investigaciones sobre el proceso de producción jurisprudencial en su conjunto.

De esa forma, es urgente que las instituciones de enseñanza jurídica, los programas de formación en las escuelas de la magistratura, del MP, de la Defensoría, de las abogacías y de enseñanza en su conjunto, así como el propio MEC (Ministerio de Educación), integren la teoría de los precedentes como un vector central del currículo, incluso como asignatura autónoma y no como apéndice del Derecho Procesal Civil.

Brasil debe abandonar la interpretación fragmentaria y cultivar una cultura jurídica que se base en la memoria institucional, en la coherencia argumentativa y en la responsabilidad colectiva. Para ello, la inteligencia artificial necesita ser incorporada a los currículos jurídicos, no como una mera novedad tecnológica, sino como una herramienta que contribuya a una organización racional del derecho, fundamentada en principios éticos, epistemológicos y normativos, una inteligencia auxiliar de la inteligencia humana y auditable.

La teoría de los precedentes no debe ser solo aplicada, sino enseñada, debatida y sistematizada. Para consolidarla, no bastan mejoras materiales: es necesaria una transformación cultural. Las bases de datos jurídicas estructuradas deben ir más allá de las herramientas estatales y convertirse en plataformas de enseñanza, investigación y reconstrucción crítica de la práctica decisoria. Reconociendo el derecho a la información comprensible, el país puede desarrollar una política pública de transparencia robusta, ética e inclusiva.

Esa construcción exige más que la adopción de nuevas tecnologías: requiere curaduría, formación y genuina disposición para escuchar y reflexionar. Sin esa conciencia, los precedentes se vacían, las decisiones se aíslan y el acceso a la Justicia se convierte en un laberinto normativo opaco.

Consolidar el pacto entre tecnología, enseñanza y transparencia es urgente. El Estado no puede ocultarse en sus propios datos; debe organizarlos, explicarlos y compartirlos: he ahí la esencia de la legitimidad institucional en el siglo XXI.

En ese sentido, es crucial reconocer que el acceso a la Justicia comienza por el acceso a la lógica de las decisiones –comprensible solo cuando está organizada en bases públicas, coherentes y accesibles, y enseñada desde la formación inicial. Promover la cultura de los precedentes, así, se vuelve una política pública orientada a la integridad institucional. Sin esa base, los derechos siguen siendo inalcanzables y la Justicia, incomprensible.

Por Fábio Medina Osório, para Poder360.