Fábio Medina Osório, para “O Globo”: Lava Jato y la democracia brasileña

Los regímenes democráticos se caracterizan por una serie de elementos estructurantes. La idea de gobierno de la “mayoría” es un requisito mínimo para asentar una democracia representativa, pero hay diversas fórmulas para llegar a la mayoría, y ahí ya reside un vasto campo para diagnosticar la diversidad de modelos.

Hay consenso de que, más allá del principio mayoritario, existen fuerzas contramayoritarias necesarias para los regímenes democráticos, para legitimar el gobierno del pueblo y por el pueblo, que puedan producir controles, especialmente porque la mayoría no tiene un cheque en blanco para gobernar.

En este contexto, las democracias deben viabilizar instrumentos de formación de consensos, o incluso canales de resolución técnica de los conflictos, asentándose esencialmente en la raíz de la división de funciones y poderes, así como en la primacía de las leyes y reglas que orientan la interdicción de la arbitrariedad de las mayorías.

Los mecanismos de combate a la corrupción constituyen un freno importante a los gobernantes en las democracias contemporáneas. Por eso mismo, los procesos de impeachment son comunes en regímenes democráticos.

De la misma forma, las prisiones de altos titulares de cargos públicos o empresarios poderosos no son hechos que socaven regímenes democráticos. Al contrario, muestran que nadie está por encima de las leyes.

Brasil, sin duda alguna, es una democracia consolidada. Los Poderes del Estado funcionan normalmente. Las elecciones en nuestro país han sido auditadas por el Tribunal Superior Electoral, y los partidos políticos ya se mueven hacia las elecciones de 2018.

Además, una presidenta electa fue sometida a un proceso de impeachment por el Congreso (también elegido por el pueblo), bajo control y supervisión del Supremo. Y el país viene resistiendo una de las mayores operaciones anticorrupción del mundo, efectuada por sus propias instituciones, y con libre cobertura de los medios de comunicación.

El fortalecimiento de las llamadas instituciones de control quizá haya sido una de las mayores conquistas de Brasil en los últimos años, y no me refiero solo a la Magistratura y al Ministerio Público, pilares de Lava-Jato. Hablo de la Policía Federal, del Tribunal de Cuentas de la Unión, de la Receita Federal, del Consejo de Control de Actividades Financieras, del Banco Central, de la Contraloría General de la Unión, de la Comisión de Valores Mobiliarios, del Consejo Administrativo de Defensa Económica — instituciones que tienden a actuar, cada vez más, como auténticas autoridades administrativas independientes.

Sus áreas técnicas se destacan por la excelencia y la calidad. El Ministerio Público de Cuentas también es un órgano que ha sido decisivo en el combate a la corrupción, y no siempre ha merecido el debido realce. Así también puedo hablar de la Abogacía Pública Federal, que desempeña notable protagonismo en la defensa del Erario.

Sería positivo que Brasil empezara a reconocer sus méritos ante la comunidad internacional. Lava Jato no acabó con las empresas. El problema fue la falta de “compliance efectivo” en las empresas involucradas en esquemas criminales y de un marco más robusto para acuerdos de lenidad. ¿Hay que perfeccionar mecanismos de control? Evidente que sí. Las autoridades fiscalizadoras tampoco están por encima de las leyes.

Sin embargo, lo que se percibe, en numerosas situaciones, es un movimiento de retaliación en curso, a causa de intereses afectados por la Lava Jato, y el insistente intento de ataques espurios a miembros de las instituciones de control y al régimen democrático brasileño. Se llegó al punto de alegar que la prisión de un expresidente significaría el fin de la democracia. Y son frecuentes las embestidas contra prerrogativas, derechos y garantías de agentes públicos fiscalizadores. Ese es un camino peligroso.

Fábio Medina Osório es jurista y fue ministro de la Abogacía General de la Unión