Fronteras desprotegidas, gobierno irresponsable
Artículo sobre el déficit de policías federales en las fronteras de Brasil en vísperas de las Olimpiadas de 2016.
Traducción del texto original.
Por Fábio Medina Osório
Abogado y doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid
Los datos sobre el déficit de policías en nuestras fronteras son alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta la perspectiva de los juegos olímpicos de agosto de 2016 en Brasil. Basta recordar que, en total, tenemos actualmente poco más de mil policías federales para cubrir 24 mil km de frontera: Estados Unidos cuenta con un contingente veinte veces mayor para cubrir una región fronteriza siete veces menor. Tal déficit, como se sabe, favorece los ilícitos de contrabando, tráfico de armas y drogas, criminalidad transnacional organizada y terrorismo.
Un gobierno sin fronteras protegidas es, sabidamente, vulnerable a todo tipo de ataque. El presupuesto de la Policía Federal sufrió recortes del orden de R$ 133 millones para 2016, lo que representa una reducción de cerca del 13% de los fondos de la corporación. La institución, al parecer, viene sufriendo retaliaciones del gobierno federal, en función, tal vez, de las iniciativas estratégicas y republicanas que ha adoptado en favor del país, en las investigaciones contra poderosas figuras de los más altos escalones del poder.
Sintomática, pues, la tramitación de la acción civil pública n.º 5010354-05.2014.404.7002/PR, en el 1.er Juzgado Federal de Foz do Iguaçu, que busca, en síntesis, la elaboración de un plan específico para la efectiva fiscalización del Lago de Itaipú y del Río Paraná, así como un incremento real del contingente de policías, a fin de proteger adecuadamente el área de frontera, hoy ampliamente utilizada para la comisión de diversos delitos.
Impresionante, sin embargo, es que, a pesar de la decisión dictada en el sentido de imponer a la Unión la obligación de promover los actos necesarios para atender el pedido del Ministerio Público Federal, el ministro de Justicia, hasta el momento, haya dejado de cumplir la determinación jurisdiccional referida, valiéndose, para ello, de remedios procesales. Todo indica, por lo demás, que el gobierno federal y el Ministerio de Justicia no pretenden, igualmente, cumplir la promesa hecha en 2011, prevista en el plan nacional de fronteras, de duplicación del número de agentes de la Policía Federal, de la Policía Caminera Federal y de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública que actúan en esas regiones.
Es inevitable constatar, en este contexto, que agentes políticos del gobierno federal podrían estar incurriendo en ilícitos funcionales asociados a graves omisiones, como consecuencia de fallas inexcusables en la fiscalización de las fronteras de nuestro país. La llamada improbidad administrativa, tipificada en la Ley 8.429/92, no se caracteriza solo por la corrupción, sino también por la mala gestión pública, y sobre todo por omisiones culposas.
Del mismo modo, los delitos de responsabilidad pueden configurarse, en las más altas esferas de la República, cuando se configura el incumplimiento de órdenes judiciales, bajo el pretexto de ocupar espacios discrecionales. No en vano, en este día 3 de marzo, día nacional de combate al contrabando, cabe recordar que Brasil sufre, anualmente, perjuicios del orden de 115 mil millones de reales – entre 2014 y 2015 hubo un aumento del 15% de esas pérdidas – como consecuencia de ese ilícito, tipificado en el art. 334-A del Código Penal brasileño, cuyos daños a la economía, a la salud pública, a la libre competencia, al orden económico, son inmensos.
¿Qué ha hecho el gobierno federal para combatir el contrabando en Brasil? Muy poco, tanto que fue objeto de una auditoría promovida por el Tribunal de Cuentas de la Unión en 2015, cuya conclusión trae un extenso listado de recomendaciones a los órganos gubernamentales y la determinación a la Casa Civil de que, en 180 días, contados desde la recepción de la comunicación, envíe a aquella Corte un plan de acción que contemple las medidas necesarias para la implementación de mejoras en la franja de frontera nacional.
El plazo indicado por el TCU está cerca de su fin, así como las excusas para tanta omisión…