Moro y Lava Jato

El juez Sergio Moro participa del congreso de la ABDE (Asociación Brasileña de Derecho y Economía), en Porto Alegre (RS) – Fernando Gomes/Agência RBS/Folhapress

24/09/2017

Recientemente, en una declaración reproducida en el periódico “The New York Times”, el juez federal Sergio Moro dijo que el caso conocido como “Lava Jato” representa el fin de la impunidad como regla en Brasil, especialmente para la corrupción y los delitos conexos. Pero, según él, es preciso saber si habrá una transformación permanente o solo temporal.

En este escenario, vale reflexionar: se esté de acuerdo o no, Sergio Moro simboliza una cara del nuevo Brasil, aunque la Operación Lava Jato se revele un engranaje complejo y sofisticado, que involucra a respetadas instituciones y profesionales calificados, éticos y abnegados.

Estamos hablando de servidores y miembros del Ministerio Público Federal, Tribunal de Cuentas de la Unión, Contraloría General de la Unión, Procuraduría General de la Hacienda Nacional, Abogacía General de la Unión, Consejo de Control de Actividades Financieras, Consejo Administrativo de Defensa Económica, Receita y Policía Federal.

Cabe destacar, además, el papel de los magistrados (desembargadores) y ministros de Tribunales Superiores, que vienen ratificando entendimientos importantes en el combate a la impunidad.

Siempre procuré defender la compatibilidad de los derechos fundamentales de los acusados con la defensa de los intereses generales de la colectividad, y eso empieza a prevalecer en Brasil.

La afirmación de la jurisdicción de Sergio Moro permitió que se visualizaran los ilícitos de una forma integrada y coherente, algo esencial para la percepción del crimen organizado y sus múltiples vertientes.

Se trata de un magistrado técnico, con visión unitaria y completa sobre los hechos abarcados en la Lava Jato, conocido por su perfil correcto e idóneo.

Una característica central del juez Moro —no hay quien discrepe— es su dedicación al estudio minucioso y profundo, hasta detallista, de los procesos bajo su jurisdicción, lo que ciertamente marcó la diferencia para el éxito de la operación desde su nacimiento.

Incluso los adversarios de Sergio Moro reconocen en él algunos rasgos básicos, inherentes al buen magistrado: fundamenta de forma consistente sus decisiones y conoce bien el derecho aplicable a la materia penal, especialmente en cuanto a los delitos de “cuello blanco”.

Las críticas, y las divergencias, son inherentes al oficio jurídico, así como los eventuales equívocos que pueden ser corregidos por recursos. Las audiencias en esos procesos penales suelen ser grabadas y públicas, mostrando transparencia y la forma republicana en la conducción de los trabajos y en el trato dispensado a los abogados.

La Lava Jato posicionó a Brasil en un nivel de visibilidad positiva en el escenario mundial, incluyéndolo en el listado de países comprometidos con el combate a la corrupción.

Una consecuencia de esa nueva cultura es la visión de instituciones de Estado, que comienza a arraigarse en la sociedad.

La agenda anticorrupción no pertenece solo al Poder Judicial y al Ministerio Público, sino también al Poder Ejecutivo, cuyos brazos, a través de la Policía Federal y de otros órganos, han participado activamente en esa construcción, no obstante la falta de comprensión de parte de la clase política.

En una conferencia reciente, el expresidente Fernando Henrique Cardoso recordó que algunas instituciones, antes consideradas de gobierno, pasaron a ser reconocidas como de Estado.

Eso ocurrió con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y ahora con la Policía Federal, que reclama más autonomía presupuestaria y administrativa.

Ante esta nueva realidad, también el sector privado se vuelve responsable del combate a la corrupción, por medio de las exigencias de integridad corporativa y de respeto a la legislación anticorrupción.

Se trata de otro efecto de la era post-Lava Jato y de una adaptación de Brasil a imperativos del sistema global. Las empresas privadas necesitan combatir prácticas ilícitas y cooperar con las autoridades públicas en ese enfrentamiento.

El juez Sergio Moro tiene mucho que ver con toda esta nueva cultura anticorrupción en Brasil. Puede afirmarse que es parte de esta transformación, aunque sea como una “cara” o símbolo de este Brasil que puede emerger con una poderosa agenda económica ligada a la solidez de las instituciones democráticas y republicanas.

Entonces, ¿cuáles son las amenazas a todo ese proceso civilizatorio en curso? Un riesgo sería que las instituciones confundieran autonomía con corporativismo, arbitrariedad y falta de límites a sus acciones, incurriendo en una especie de deslumbramiento con los focos.

Otra amenaza sería la de legisladores que actúen en causa propia o de investigados que intenten desconstruir la operación a partir de ataques a la reputación de los investigadores y juzgadores, valiéndose del poder político y económico.

La población dirá, en 2018, el rumbo a seguir. Todo indica que ese camino no tendrá retroceso, pues la sociedad, por medio de la prensa y de las redes sociales, permanecerá atenta y vigilante. El ciudadano ejercerá, mediante el voto, sus elecciones pautadas por juicios cada vez más críticos y maduros.

Sin embargo, la democracia no se agota en el voto. Como ya advertía Eduardo García de Enterría, uno de los mayores juristas contemporáneos, el voto nunca fue, ni será, un cheque en blanco para la comisión de delitos.

Así, incluso a los electos, a los concursados o a los designados, vale la advertencia de que están bajo el imperio de la Constitución y que la ley vale para todos. La desobediencia puede acarrear pérdida de mandato, de función pública e incluso prisión.

La democracia nunca puede confundirse con impunidad. El mensaje que Brasil viene transmitiendo al mundo es muy claro: aquí impera un Estado democrático de Derecho.

FÁBIO MEDINA OSÓRIO es jurista, exministro de la Abogacía General de la Unión y doctor en Derecho Administrativo (Universidad Complutense de Madrid)