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Versión en español. Original en portugués

El desafío del Ministerio Público

Artículo en O Globo, del 18/03/2016, sobre el papel del Ministerio Público en la Operación Lava Jato y en el combate a la corrupción.

Traducción del texto original.

La Operación Lava Jato es considerada una referencia internacional en el combate a la corrupción, con desdoblamientos en todo Brasil y en el exterior. Su nombre, como se sabe, deriva del uso de una red de gasolineras en Brasilia para movilizar recursos ilícitos pertenecientes a una de las organizaciones criminales involucradas, de donde emergieron ramificaciones extremadamente sofisticadas.

En el ámbito de una investigación de este porte, surgen informaciones que conducen a ilícitos de las más diversas naturalezas y distintas competencias y atribuciones. Para las acciones penales, se fijó la competencia del 13º Juzgado Federal de Curitiba (PR), donde actúa el juez Sérgio Moro, pero existen otras acciones que, versando sobre hechos conexos, pueden tramitar en juzgados federales distintos en Maranhão, en Río de Janeiro y en São Paulo, sin hablar de la competencia de las justicias estatales.

Es cierto que el Ministerio Público necesitará organizar una actuación nacional, no solo con intercambio de informaciones y articulación de estrategias, sino para fortalecer el principio de unidad y la cohesión de sus miembros. Por ejemplo, si los integrantes del MPF poseen atribuciones específicas para actuar en la investigación de un caso que, bajo otro ángulo, también es investigado por el MP/SP, es lógico que esas instituciones deban dialogar.

No es posible que miembros de una rama del MP actúen sin el conocimiento o el aval de otra, estorbándose mutuamente, o perjudicando estrategias de mediano o largo plazo. Coordinar las respectivas acciones es el gran desafío. A los ojos de la sociedad, el MP es uno solo, todo él costeado por los contribuyentes. Ya es hora de que se repiensen ciertas actuaciones fragmentadas y aisladas en la institución, cuando están en juego escenarios volátiles y de altísimo impacto para los intereses de la nación brasileña.

El procurador general de la República es el jefe del Ministerio Público de la Unión, pero, además de eso, preside el Consejo Nacional del Ministerio Público y en ese colegiado puede buscar un espacio de mayor consenso y construcción de diálogos institucionales. Otro campo propicio para construcciones es el del Colegio Nacional de Procuradores Generales del Ministerio Público de los Estados y de la Unión, donde están presentes los liderazgos nacionales de todas las ramas del Ministerio Público brasileño.

Lo cierto es que, en estos megaprocesos, que atacan grandes estructuras corruptas y corruptoras, en que hay entrelazamientos y conexiones profundas de las pruebas, no hay margen para actuaciones desprovistas de planificación interinstitucional. La inteligencia del sistema punitivo exige que las instituciones fiscalizadoras comprueben racionalidad acusatoria, seguridad jurídica y coerción organizada en sus acciones e investigaciones.

Además de estas consideraciones, en cuanto a la unidad del MP brasileño, cabe agregar la necesidad de observar también un diálogo creciente sobre la importancia del intercambio calificado de información con otras instituciones externas, tales como la CGU, los tribunales de cuentas, las autoridades administrativas independientes, las policías, entre otras. De este modo, los órganos encargados de la represión de los ilícitos contra las administraciones públicas, el orden económico, el mercado de capitales y el sistema financiero nacional podrán articular de forma coordinada e inteligente las políticas públicas punitivas.

El ciudadano, que paga sus impuestos, no puede quedar a merced de islas aisladas dentro de un Estado fragmentado por actuaciones institucionales permeadas por iniciativas de planificación ineficaces, o pautadas por vanidades o, aun, por otras finalidades que no sean las que respetan el interés público primario.

Los principios de la impersonalidad, de la eficiencia y de la legalidad administrativas deben orientar la actuación de todos los órganos del Estado brasileño en el combate a los ilícitos practicados en detrimento del interés de la sociedad. La interdependencia de las instancias remite a este nuevo marco de la inteligencia punitiva como modelo para que las instituciones actúen de modo cada vez más cohesionado e integrado en busca de la protección de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Fábio Medina Osório es presidente del Instituto Internacional de Estudios de Derecho del Estado