El futuro de Lava Jato

Trazar un paralelo con Manos Limpias para inducir la idea de que hay perspectiva de fracaso es un error, pues lo importante es diagnosticar las estrategias de los investigados

FÁBIO MEDINA OSÓRIO

La operación Manos Limpias en Italia es una referencia para Lava Jato en Brasil, pero está lejos de ser la única referencia, entre otras cosas porque la sociedad brasileña, sus políticos, sus liderazgos, sus instituciones pueden evaluar críticamente experiencias pretéritas, para que la historia no se repita como farsa. Se registra, desde ya, que el sistema brasileño posee un modelo mucho más avanzado que el italiano — lo que es natural en términos de apropiación de las experiencias evolutivas del propio Derecho — y también más ecléctico en el ámbito de los modelos comparados, además de contar con instituciones diferentes (modelos de magistratura, Ministerio Público, policías).

La operación Lava Jato, por su parte, tiene peculiaridades totalmente distintas de Manos Limpias, comenzando por el ataque promovido a los corruptores, que no fue una característica central de la operación italiana, sino una nota más reciente proveniente de las legislaciones anticorrupción diseminadas por la influencia del derecho norteamericano.

En otras palabras, aunque Lava-Jato pueda haberse inspirado en la operación Manos Limpias, es obvio que, incluso por la distancia temporal, geográfica, y por las peculiaridades de los sistemas jurídicos, tales operaciones guardan visibles diferencias, lo que puede inspirar esperanzas y expectativas en la sociedad brasileña.

En una reciente entrevista con BBC Brasil, Vittorio Craxi, hijo de un ex premier condenado en Italia, sostuvo que aquella operación fue un desastre para el país y que hubo retrocesos, refiriéndose notoriamente al fenómeno Berlusconi. Vale recordar que Mani Pulite fue la mayor operación anticorrupción de la historia europea, pero no la única, y expuso una red con tentáculos en los principales sectores de la vida política y económica de Italia, ayudando a desmantelar esquemas de pago de sobornos por empresas privadas interesadas en asegurar contratos con empresas estatales y órganos públicos y desvío de recursos para el financiamiento de campañas políticas.

Como reacción, en Italia, hubo ataques a los magistrados responsables de la conducción de los procesos, aunque nunca se haya comprobado nada en cuanto a las alegaciones de corrupción de los fiscalizadores. La idea matriz de responsabilidad de agentes políticos, por abusos o desvíos de poder, no es errada, pues ninguna autoridad está por encima de la ley, ni siquiera jueces o fiscales. Sin embargo, esos ataques pueden formar parte de una planificación institucional, cuando se articulan sistemáticamente.

Trazar un paralelo entre Manos Limpias y Lava Jato para inducir la idea de que existe perspectiva de fracaso es un error, pues lo realmente importante es diagnosticar las estrategias de que se valieron los investigados para blindar responsabilidades mediante la infiltración del crimen organizado en el aparato público, así como detectar los caminos subterráneos usados para desmoralizar a magistrados, miembros del Ministerio Público y policías, en la medida en que existen comportamientos repetitivos y estandarizados en esas actuaciones.

Actualmente, las organizaciones criminales buscan la muerte civil de las autoridades y adversarios políticos, a través de difamaciones, calumnias, injurias y desconstrucción moral, apoyándose en formadores de opinión, blogs, redes sociales e incluso profesionales especializados. Estos ataques pueden ser más eficaces que la propia eliminación física. Por eso, es fundamental diagnosticar los errores de otras operaciones que involucran macroprocesos, además de las estrategias de las organizaciones criminales, pues la globalización del ilícito y del crimen remite a patrones de conductas que se perfeccionan con el tiempo.

Sin embargo, las tecnologías del mundo contemporáneo, la velocidad de la información, la cooperación internacional y el grado de participación de la sociedad y de la opinión pública tienen pesos muy diversos en la era de la complejidad, y Brasil está inserto en una agenda internacional de combate a la corrupción, a la improbidad y a la ineficiencia. La Italia de los años 90 estaba aislada en esa lucha. Además, las instituciones están mucho más preparadas técnicamente hoy que antiguamente.

Deben fomentarse reformas institucionales que creen incentivos para la inhibición de las prácticas corruptas y corruptoras, especialmente en la esfera de la prevención. Resulta relevante reducir la importancia de los monopolios y de las burocracias en los procesos decisorios. Hay burocracias indescifrables, que favorecen decisiones inciertas o arbitrarias, impregnadas de inseguridad jurídica, y eso ciertamente constituye campo fértil para la corrupción. La profesionalización de las agencias reguladoras — que fueron desmanteladas o instrumentalizadas políticamente en los últimos años — sería una de las grandes urgencias para que Brasil se insertara en una agenda internacional de seguridad jurídica y credibilidad. Otro punto destacado sería el fortalecimiento de los ambientes autorregulatorios y de prevención de las prácticas ilícitas. Invertir en compliance es el punto más relevante para las administraciones públicas y el sector privado, siempre que se apueste por estructuras dotadas de autonomía y credibilidad.

Brasil saldrá mucho más fuerte y revigorizado de esta experiencia de depuración ética en los sectores público y privado. El costo de los procesos y de los daños reputacionales es demasiado alto para ser absorbido por empresas y agentes políticos. El mejor camino es la prevención y el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras, dándose continuidad al combate incesante a la corrupción y a la improbidad administrativa.

Fábio Medina Osório es presidente del Instituto Internacional de Estudios de Derecho del Estado