República y Derechos
Artículo sobre la República y los derechos a la luz de las prácticas espurias reveladas por la Operación Lava Jato, Correio Braziliense, 2018.
Traducción del texto original.
Hay en Brasil una especie de catarsis colectiva y un debate intenso sobre las vísceras de la República. Desde la Operación “Lava Jato”, salieron a la luz prácticas espurias y patrimonialistas en el modo de concebir leyes, medidas provisionales o acuerdos con miras a satisfacer intereses políticos ilícitos.
La operación “Lava Jato” es la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero de la historia de este país y una de las mayores del mundo, que involucra a políticos, empresarios y agentes públicos. El ministro Celso de Mello, al mantener la prisión de un parlamentario, señaló en cierta ocasión que la ley vale para todos, “sin importar su posición estamental, ya sean patricios o plebeyos, gobernantes o gobernados”, lo que significa decir que las decisiones no se toman con carácter casuístico, ni en detrimento de la República.
Brasil estaría en camino de dejar de ser el paraíso de la impunidad de los delincuentes de “cuello blanco”. Han sido innumerables los intentos de sofocar esta operación, también porque la reacción de los poderosos era de esperarse.
Múltiples instituciones son responsables de la implementación de la “Lava Jato” y necesitan ser fortalecidas y prestigiadas. Se trata de instituciones republicanas, cuyo funcionamiento permanente y estable asegura la continuidad de políticas públicas. Me refiero a la Magistratura, el Ministerio Público, la Policía Federal, la Receita Federal, la Abogacía Pública Federal, la Contraloría General de la Unión (actual Ministerio de la Transparencia – su cuerpo técnico), el Tribunal de Cuentas de la Unión, entre otras.
En especial, vale destacar el debate reciente sobre supuestos privilegios que se han señalado en relación con Magistrados, miembros del Ministerio Público y Abogados Públicos Federales: los primeros en lo tocante al auxilio vivienda y los últimos, relativos al derecho a los honorarios de abogados, que ganaron por fuerza de la Ley 13.327/16.
Los ataques a esas instituciones se basan en el intento de debilitarlas. Confunden a la opinión pública, pues inducen a la falsa idea de que sus integrantes gozan de privilegios, cuando, en realidad, solo están en el legítimo ejercicio de derechos que les otorgan las leyes. ¿Cuál es el interés en mezclar instituciones sólidas y republicanas en un debate que se traba sobre privilegios odiosos en Brasil?
Me parece que el propósito es poner a todos en un mismo nivel, precisamente en un momento en que las entrañas de la República son expuestas por esas instituciones. Si todos son, digamos así, “corruptos”, nadie es corrupto. Si todos son “privilegiados”, nadie es privilegiado. Se apuesta por el caos. Pero es necesario separar la paja del trigo. Las instituciones fiscalizadoras, o sus miembros, que ejercen o gozan de derechos previstos en las leyes no ofenden la moralidad administrativa, ni merecen la ejecración pública.
Es necesario tener mucho cuidado con los avances de los discursos demagógicos en Brasil. Bajo el pretexto de agradar a la opinión pública de turno, no se pueden suprimir derechos, y aquí hablo de un modo más genérico, trascendiendo el tema relacionado con el auxilio vivienda o el derecho a honorarios de abogados públicos. Los demagogos normalmente aprovechan los momentos de inestabilidad para manipular a las masas, fomentando aspiraciones irracionales, y eso lamentablemente ha ocurrido en Brasil, en varios campos. Generalmente, los demagogos se valen de palabras simples, no de la técnica, buscando más agradar a los oyentes que demostrar la consistencia de su tesis.
Corresponderá al STF arbitrar la discusión sobre qué es o no correcto jurídicamente en cuanto a la percepción del derecho al auxilio de vivienda por los miembros de la Magistratura Federal, en el encuentro previsto para el 22 de marzo de este año, y ahí sí, el debate será estrictamente jurídico. Y debemos confiar siempre en la palabra final del STF. Es claro que la Magistratura Federal no debería merecer un tratamiento disociado de la Magistratura nacional, ni siquiera del Ministerio Público brasileño, dado el histórico principio de simetría que viene pautando las carreras en su esencia.
No deja de ser lamentable que los Magistrados y miembros del Ministerio Público estén pasando por un auténtico linchamiento mediático, en razón de un derecho previsto en la ley, y que la caza de “brujas” se esté volviendo ahora contra miembros de instituciones encargadas justamente de combatir la corrupción en nuestro país. La confusión entre “derecho” y “privilegio”, que se hizo en este mercado del escándalo, confundió a la opinión pública, generando daño a la imagen y al honor de personas que han trabajado por el desarrollo de un país más justo.
Fábio Medina Osório
Jurista, Exministro de la AGU, Doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid