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Versión en español. Original en portugués

Responsabilidad de los abogados públicos

Artículo sobre la responsabilidad de abogados públicos por dictámenes y consultas, a la luz del art. 37, §6º de la Constitución, Migalhas, 2021.

Traducción del texto original.

El principio constitucional que rige la responsabilidad de los agentes públicos – incluidos los abogados públicos, por sus dictámenes o consultas – es el republicano, que les informa la responsabilidad por acciones y omisiones desempeñadas en el sector público. No es casual que el art. 37, párrafo 6º, de la Carta Magna establezca que los agentes públicos son pasibles de responsabilidad por dolo o culpa, por acciones u omisiones, en acciones de repetición, en el área de la responsabilidad civil. Actualmente, la LINDB, en su art. 28, refuerza la responsabilidad por dolo o error grosero de los agentes públicos, lo que afecta a la categoría de los abogados públicos.

El dispositivo constitucional del art. 37, párrafo 6.º, previó una responsabilidad mínima por actos dolosos y culposos de agentes públicos, en materia de responsabilidad civil, afectando a todas las categorías de agentes públicos nacionales. Siendo así, no es posible reducir la responsabilidad civil al espectro únicamente de las conductas dolosas o fraudulentas, como pretende el art. 184 del CPC en relación con los abogados públicos. Por lo demás, el Estatuto de la OAB habla de responsabilidad por dolo o culpa del abogado, en razón de ilícitos practicados, no admitiéndose, por fuerza constitucional, reducción al espectro de las actividades meramente dolosas.

De igual modo, la ley 8.429/92 prevé responsabilidad por dolo o culpa, entendiéndose que, en este caso, se trata de culpa grave o error grosero la modalidad encuadrada, valiendo el mismo entendimiento para el campo de la ley 12.846/13 (Medina Osório, Fábio. Teoria da Improbidade Administrativa, ed. RT, 5ª ed., 2020).

Evidentemente, la responsabilidad civil, administrativa o penal puede ser evaluada de conformidad con el principio democrático. De acuerdo con ese principio, hay una libre conformación legislativa de los ilícitos y de las penas. La propia graduación de la culpa, en ese contexto, se inserta en la prerrogativa del legislador, según se trate de una esfera u otra, de una clase especial de agentes públicos o de ilícitos.

Así, en relación con los abogados públicos, en simetría con los magistrados y miembros del Ministerio Público, se tiene que la responsabilidad civil ha sido reconocida únicamente en los casos de error grosero (culpa grave) o dolo. Del mismo modo, se puede sostener que esa premisa se aplica al campo de la responsabilidad administrativa en el ámbito de los tribunales de cuentas y de la improbidad administrativa (derecho administrativo sancionador) o de la improbidad empresarial. Esa es la orientación del TCU y del STF en la materia (MS 24.631, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 9-8-2007, P, DJ de 1º-2-2008].

La modulación de la culpa prevista constitucionalmente es posible. Pero recuérdese que para la esfera disciplinaria esa calibración no existe, en la medida en que se admite culpa ordinaria para determinadas infracciones leves. Es decir, no siempre el derecho administrativo sancionador – del cual el derecho disciplinario es especie – exigirá la culpa grave a efectos de responsabilización de agentes públicos.

El abogado público no puede ser responsabilizado, sin embargo, cuando interprete con razonabilidad el ordenamiento jurídico, dentro de sus márgenes valorativos, ejerciendo libertad de interpretación. “La diversidad de interpretaciones posibles ante un mismo cuadro fundamenta la garantía constitucional de la inviolabilidad del abogado. El análisis del contenido de las manifestaciones de los abogados debe ser relativizado. Aunque prevalezca en el órgano de control un entendimiento diverso, el abogado es libre de manifestarse con base en otras fuentes y argumentos jurídicos” (STF, MS 35.196, rel. min. Luiz Fux, juzgado el 12.11.19). Véase que el abogado público tiene prerrogativa constitucional para interpretar el sistema jurídico con libertad valorativa, en los mismos moldes que el magistrado y el miembro del Ministerio Público, pues constituye función esencial a la justicia.

Es imperioso anotar, además, que la responsabilidad del abogado público debe insertarse en la estructura del derecho administrativo sancionador o del debido proceso legal restrictivo de derechos individuales. En cualquier hipótesis, se asegura la interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos, el respeto a la dignidad humana, a la razonabilidad, a la proporcionalidad, al nexo de causalidad, a la responsabilidad subjetiva. Una eventual divergencia entre la visión del controlador y del abogado público no debe culminar, obligatoriamente, en la responsabilidad del abogado, so pena de crear el ilícito hermenéutico.

Tratándose de materia sancionatoria, como en las acciones de improbidad administrativa, se tiene la necesidad de analizar la tipicidad legal y el nexo causal adecuado, así como la culpabilidad del agente y las eventuales excluyentes del tipo, de la culpa y de la ilicitud.

Los abogados públicos, tanto como otros agentes públicos, tienen el llamado derecho al error jurídicamente tolerable. Ese error, como se sabe, se extiende a varias clases profesionales. Jueces, miembros del Ministerio Público, médicos, entre otros, tienen derecho a márgenes de error jurídicamente tolerables. Desconocer esa premisa equivaldría a conducir a la parálisis de esas profesiones, con graves retrocesos sociales y económicos.

Fábio Medina Osório

Abogado del despacho Medina Osório Advogados, exministro de la AGU.