Saltar al contenido
Versión en español. Original en portugués

Soluciones integradas

Artículo en O Globo, del 01/08/2017, sobre la necesidad de integración entre las instituciones del Estado para mayor seguridad jurídica.

Traducción del texto original.

La edición del 1º de agosto de O Globo presenta, en sus páginas de “Opinión”, un artículo de Fábio Medina Osório, titulado “Soluciones integradas”. En el artículo, Medina Osório aborda la necesidad de integración entre instituciones de Estado, permitiendo una perspectiva más avanzada de seguridad jurídica.

Soluciones integradas

La tendencia debe ser la integración de las instituciones

POR  FÁBIO MEDINA OSÓRIO

01/08/2017

La agenda de seguridad jurídica en Brasil reclama soluciones integradas de las diversas instancias reguladoras. Uno de los problemas más graves es la incoherencia estatal en la tutela de los mismos hechos ilícitos, en la medida en que una institución decide un mismo hecho de modo diverso a otra, y eso acarrea divergencias de entendimientos y contradicciones, eternizando conflictos. No es raro, por lo tanto, que el archivo de una investigación criminal, lejos de significar la pacificación de un problema, traduzca solo el inicio de una acción de otra naturaleza, como improbidad administrativa, o de procesos disciplinarios.

Sin embargo, los avances tecnológicos y normativos, incluso jurisprudenciales, han proporcionado experiencias interesantes de integración entre instituciones del Estado, permitiendo una perspectiva más avanzada de seguridad jurídica. El concepto de “fuerza de tarea”, muy en boga actualmente, refleja esa especie de visión gerencial centrada en la temporalidad y en objetivos específicos y claramente definidos, cimentados en la especialización y en la división de atribuciones, de acuerdo con las franjas de actuación de cada institución perteneciente al grupo de trabajo.

Así, ante una “fuerza de tarea”, un acto ilícito tendrá la mirada sistémica de diversas instituciones públicas. Y, aun cuando no se esté en el terreno de esos grupos de trabajo, la tendencia debe ser la integración de las instituciones en una visión sistémica y armónica de actuación.

Para ejemplificar, una oferta de ventaja indebida a un agente público, en el marco de una organización ilícita, por parte de un dirigente empresarial, puede dar lugar a la actuación simultánea de instituciones federales, tales como: la Receita Federal (cobro de tributos evadidos); el Ministerio Público (áreas penal y de improbidad); el Tribunal de Cuentas de la Unión (aplicación de sanciones a persona jurídica y persona física); el Banco Central (lesión al sistema financiero nacional) y/o la Comisión de Valores Mobiliarios (si alcanza el mercado de capitales); el Consejo Administrativo de Defensa Económica (lesión a la libre competencia); el Ministerio de la Transparencia (aplicación de la Ley Anticorrupción); la Abogacía General de la Unión (defensa del Erario federal y aplicación de la Ley de Improbidad).

Hay, además, otras entidades fiscalizadoras que pueden actuar y aplicar sanciones. Son múltiples investigaciones paralelas y simultáneas, que alcanzan a personas físicas y jurídicas.

Las soluciones, coercitivas o consensuales, igualmente pueden o deben ser vistas de modo integrado: términos de ajuste de conducta; acuerdos de lenidad; términos de compromiso o de cese de prácticas ilícitas; colaboraciones premiadas; delaciones; efectos de una decisión sobre la otra y prohibición de la falta de proporcionalidad de las penas.

Más allá de la “fuerza de tarea”, el Estado necesita adaptarse a la idea de inteligencia y de comunicabilidad de las instancias. Y la abogacía contemporánea debe actuar con visión integrada y transdisciplinaria, buscando fórmulas que estabilicen las soluciones a los conflictos, sobre todo cuando existen diferentes instituciones actuando frente al mismo hecho y a las mismas personas. Es evidente que ninguna institución renunciará a sus atribuciones o prerrogativas. Pero es necesario que todas dialoguen entre sí y busquen caminos coherentes.

Fábio Medina Osório es jurista y fue ministro de la Abogacía General de la Unión