¿Una nueva Edad Media?

Pedro Ladeira/Folhapress El exabogado general de la Unión Fábio Medina Osório, en entrevista a Folha en 2016

En 1993, Alain Minc escribió “La Nueva Edad Media”, en el que caracterizaba los nuevos tiempos o el fin de los tiempos modernos. Apuntaba a la caída del Muro de Berlín y a los escenarios internacionales posteriores para la perspectiva de un nuevo orden mundial, identificando muchas semejanzas de nuestro contexto con la Edad Media.

Una característica central sería la predominancia de las zonas grises en el universo normativo y en las sociedades, como un retorno a la “ley de la selva” en los mercados, en la expansión de regulaciones paralelas o en la desobediencia a los sistemas normativos por parte de muchos actores.

Algunas características de tal panorama: la inseguridad jurídica, la incertidumbre absoluta, el caos, la extrema dificultad para diferenciar lo permitido de lo prohibido y la violencia (real o simbólica, del mercado o de las autoridades) en las disputas.

Como consecuencia, el autor identifica —y se inspira en el modelo italiano— la emergencia de una inevitable alianza entre jueces, opinión pública y medios, ante los cuales los otros Poderes necesitarían rendir cuentas.

La redefinición del principio de separación de Poderes es un rasgo esencial del mundo globalizado. Quienes avanzan, con nuevas porciones de poder, son los actores de la Justicia. Mediante la cooperación y la integración, se organizan para la armonización progresiva de sus reglas, principios, valores y formas de actuación.

Si examinamos, las aspiraciones y creencias de la magistratura, del Ministerio Público o de las policías, en el mundo global, son parecidas. Ambicionan combatir ilícitos, adquirir garantías básicas, avanzar en las tecnologías, en la cooperación interna e internacional, y trabajar basados en una determinada escala de valores en pro de la protección de derechos.

Sus dificultades también se asemejan, lo que los aproxima en congresos internacionales, intercambios, cursos en el exterior y trueques permanentes de experiencias.

¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan? Presión política o económica de poderosos, represalias por sus actividades o resultados, falta de recursos humanos o materiales, ausencia de preparación técnica o de apoyo para el ejercicio de las funciones.

La cuestión central del deterioro de la seguridad jurídica y del fortalecimiento del ambiente de zonas grises en el mundo global es la corrupción. Podríamos hablar de otras patologías, pero nos concentraremos en esta.

Se comprende aquí la corrupción de modo más amplio, en el campo sociológico, como el uso indebido de poderes públicos, por un agente con posición decisoria, para obtener beneficios privados.

Hay un esfuerzo de las naciones por la armonización de sus sistemas y la cooperación institucional para combatir ilícitos de esa especie. Eso viene ocurriendo, sobre todo, desde los años 70, por iniciativa de los EE. UU.

El esfuerzo proviene de la necesidad de permitir el flujo del comercio internacional y ampliar la libre competencia. Las leyes anticorrupción surgen en los países más modernos y son impuestas por tratados internacionales. Su aplicación pasa a ser una exigencia. Por eso, agenda económica y agenda anticorrupción van de la mano.

Es un equívoco de un jefe del Poder Ejecutivo decir que el combate a la corrupción es tarea solo del Poder Judicial y del Ministerio Público, pues delegaría una misión noble y un espacio calificado a otras instituciones. Sin embargo, es lo que viene ocurriendo en muchos países: los órganos que lideran ese combate pertenecen al Poder Judicial, no al Ejecutivo.

Los medios de comunicación, incluida internet, con sus alianzas, también inspiran desconfianza, ante el principio del debido proceso de producción de la información y del conocimiento.

Hay, además, los abusos acusatorios o investigativos. La interferencia del poder político o económico en la Justicia o en la opinión pública no puede descartarse.

El principio de responsabilidad exige mecanismos de transparencia y de control sobre todas las instituciones. Estas no son preocupaciones solo locales, sino de una agenda global para un proceso civilizatorio.

FÁBIO MEDINA OSÓRIO es abogado y exministro-jefe de la Abogacía General de la Unión (gobierno Temer)