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La consulta pública en Río de Janeiro y el perfeccionamiento del decreto 46.366/18: Reflexiones sobre el Derecho Administrativo Sancionador

Artículo en Migalhas sobre el perfeccionamiento del decreto fluminense 46.366/18 tras consulta pública, con reflexiones sobre derecho administrativo sancionador.

Traducción del texto original.

¿Cómo pueden contribuir los ajustes al decreto 46.366/18 propuestos por la Procuraduría General del Estado de RJ a la transparencia, a la cultura de probidad y al combate a la corrupción? Vea este artículo exclusivo de Fábio Medina Osório, titular de Medina Osório Advogados, publicado este viernes (06/12) en el portal Migalhas:

Medina Osório, para Migalhas: La consulta pública en Río de Janeiro y el perfeccionamiento del decreto 46.366/18: Reflexiones sobre el Derecho Administrativo sancionador

El titular de Medina Osório Advogados analiza la reglamentación de la Ley Anticorrupción en el Estado de Río de Janeiro.

La consulta pública en Río de Janeiro y el perfeccionamiento del decreto 46.366/18: Reflexiones sobre el Derecho Administrativo Sancionador

Fábio Medina Osório

La Procuraduría General del Estado de Río de Janeiro determinó el 2/12/24 la apertura de consulta pública sobre la propuesta de modificación del decreto 46.366/18. Esa norma, que reglamenta la aplicación de la ley Federal 12.846/13, está en el centro del andamiaje jurídico de responsabilización de personas jurídicas por actos lesivos a la Administración Pública, y su revisión busca incorporar avances frente a los desafíos contemporáneos del combate a la corrupción y la promoción de la integridad.

Formalizada por la resolución PGE 5.147/24, la iniciativa ofrece la oportunidad de perfeccionar mecanismos de investigación, cálculo de sanciones e instrumentos consensuales como los acuerdos de lenidad y los recién propuestos APR.

Este texto busca analizar los principales puntos de innovación, destacando el papel del APR – Acuerdo en el Proceso de Responsabilización como alternativa complementaria al Acuerdo de Lenidad, así como los avances en el cálculo de multas, reparación de daños y medidas de integridad. Además, se abordarán las innovaciones en transparencia y publicidad, consolidando un panorama detallado de las transformaciones sugeridas y su impacto en la Administración Pública y en el combate a la corrupción.

1. El APR – Acuerdo en el Proceso de Responsabilización

Una de las innovaciones más significativas propuestas por la consulta pública liderada por la Procuraduría General del Estado de Río de Janeiro es la introducción del APR – Acuerdo en el Proceso de Responsabilización, que complementa el sistema normativo ya consolidado por el decreto 46.366/18 y se diferencia del Acuerdo de Lenidad de forma estructural y funcional.

1.1. El Acuerdo de Lenidad en el decreto 46.366/18

El Acuerdo de Lenidad, en el decreto 46.366/18, es un instrumento central en el combate a la corrupción, incentivando la cooperación de personas jurídicas involucradas en prácticas ilícitas contra la Administración Pública. Su celebración exige el cumplimiento de requisitos rigurosos: ser la primera en manifestar interés, cesar inmediatamente la conducta ilícita y presentar pruebas sustanciales (art. 49).

Además de reducir la multa hasta en dos tercios y excluir sanciones administrativas específicas, como la publicación extraordinaria de decisiones (art. 56), el acuerdo tiene por objetivo desmantelar redes de corrupción mediante la identificación de otros involucrados, sean personas físicas o jurídicas (art. 45).

1.2. El APR – Acuerdo en el Proceso de Responsabilización en el texto sometido a consulta

El APR, previsto en el art. 34-A del texto en trámite, amplía las soluciones consensuales en el Derecho Administrativo sancionador al permitir que la persona jurídica reconozca su responsabilidad y colabore directamente con la Administración Pública. Para ello, se exige la aceptación de la responsabilidad objetiva, la presentación de pruebas, la descripción detallada de los actos lesivos y el cese de las prácticas ilícitas.

Con la instauración del APR, la prescripción se interrumpe (Art. 34-B, §3.º), y el rechazo o desistimiento del acuerdo no permite el uso de los documentos presentados contra la parte (Art. 34-C, §2.º). Su conducción es compartida por la CGE – Contraloría General del Estado y por la PGE – Procuraduría General del Estado, asegurando imparcialidad y tecnicidad (Art. 34-B, §2.º). El incumplimiento del APR acarrea la pérdida de los beneficios pactados, impedimento para nuevos acuerdos por el período de tres años y el registro en el CNEP – Registro Nacional de Empresas Sancionadas por igual período (Art. 34-H, §§1.º y 2.º). El APR innova al equilibrar mecanismos de colaboración y responsabilización, consolidándose como una herramienta eficiente de accountability e integridad pública.

1.3 Comparación entre los acuerdos

2. Cálculo de multas y reparación de daños

En el decreto vigente (46.366/18), el cálculo de las multas está directamente vinculado a la facturación bruta de la persona jurídica en el ejercicio anterior al inicio del PAR – Proceso Administrativo de Responsabilización, excluidos los tributos, conforme a lo dispuesto en el art. 33, I. El límite máximo de la multa es del 20% de la facturación bruta, y el valor mínimo no puede ser inferior a la ventaja obtenida, cuando sea posible estimarla. La gravedad del ilícito, así como la colaboración de la persona jurídica, se consideran en la aplicación de agravantes y atenuantes, pero sin detalle riguroso de los criterios o de la metodología.

Con la modificación propuesta en el decreto de 2024, se introducen nuevos criterios para dar mayor objetividad al cálculo. Se mantiene la vinculación a la facturación bruta, pero ahora se detalla que el valor mínimo será el mayor entre la ventaja obtenida y el 0,1% de la facturación bruta, y el máximo será el menor entre el 20% de la facturación bruta o tres veces la ventaja obtenida. Para los casos en que no se pueda determinar la facturación, como se prevé en el art. 40-A, la multa se establecerá entre R$ 6.000,00 y R$ 60.000.000,00. Además, el art. 38-A especifica metodologías para el cálculo de la ventaja obtenida o pretendida, incluida la deducción de costos lícitos comprobados que serían legítimos si el acto ilícito no hubiera ocurrido.

3. Transparencia y publicidad

En el decreto vigente, conforme al art. 56, la transparencia y la publicidad de las decisiones condenatorias están garantizadas mediante la publicación en medios oficiales, como el Diario Oficial, y, cuando corresponda, en otros medios de comunicación de gran circulación. Esas medidas aseguran la divulgación formal de los resultados del proceso administrativo de responsabilización, cumpliendo el principio de accountability, pero se limitan a aspectos obligatorios, sin abordar ampliamente la integración con sistemas de registro público ni el intercambio de información entre órganos.

La propuesta de modificación del decreto introduce innovaciones en el art. 34-C, §1.º y §2.º, previendo que el desistimiento o rechazo de acuerdos, como el APR, no será divulgado públicamente, asegurando el secreto procesal. Por otro lado, para casos de incumplimiento de sanciones o acuerdos, como se establece en el art. 34-H, el registro de las penalidades se efectuará en el CNEP – Registro Nacional de Empresas Sancionadas, ampliando la publicidad de los resultados y promoviendo mayor acceso a informaciones relevantes por parte de órganos públicos y de la sociedad. Además, el decreto refuerza la articulación entre entidades administrativas para garantizar la comunicación eficiente e integrada sobre las penalidades aplicadas, contribuyendo a un sistema más transparente y accesible. Estos cambios amplían los mecanismos de divulgación e integran la publicidad con instrumentos tecnológicos, promoviendo mayor control social y eficiencia administrativa.

4. Programas de integridad

El nuevo texto propone, entre otros puntos, la inclusión de la obligación de adopción, aplicación o perfeccionamiento de programas de integridad como requisito en los acuerdos administrativos de responsabilización (art. 34-D, VI). Además, prevé incentivos directos para empresas que posean programas de integridad implantados previamente a la práctica de actos lesivos, como atenuantes en el cálculo de las multas (art. 36, V y párrafo único). Tales medidas no solo refuerzan el compromiso de las personas jurídicas con estándares éticos más elevados, sino que también promueven mayor previsibilidad y transparencia en la relación con el poder público.

5. Conclusión

La consulta pública para la revisión del decreto 46.366/18, conducida por el procurador general Renan Saad, es una demostración de compromiso con los principios constitucionales que rigen la Administración Pública brasileña. Las innovaciones propuestas, como el APR, la reformulación del cálculo de multas y el fortalecimiento de los programas de integridad, representan avances significativos que alinean a Río de Janeiro con las mejores prácticas internacionales en el combate a la corrupción.

Esa iniciativa refuerza la idea de que la Administración Pública debe ser moderna, transparente y participativa, garantizando soluciones consensuales que preserven el interés público y promuevan la ética empresarial.