Hay delitos que no ameritan prisión preventiva

El juzgamiento de la Acción Penal 470, el proceso del Mensalão, por el Supremo Tribunal Federal tendrá, tan pronto como se publiquen los votos ganadores y disidentes, una nueva repercusión en el plano del Derecho Punitivo brasileño, que deberá evaluarse en un horizonte más largo. Se trata de evaluar los parámetros de juridicidad del STF, en lo que se refiere a los principios de tipicidad y culpabilidad del Derecho Penal, además de la carga de la prueba y del debido proceso punitivo.

La lógica de los votos y la tipología de las fundamentaciones deberán suscitar reflexiones sobre el STF como referencia máxima en la formación del sistema normativo patrio. Las críticas doctrinarias a los votos emitidos serán legítimas y contribuirán al perfeccionamiento del sistema, pues la jurisprudencia, incluso la de los Tribunales Superiores, debe ser evaluada críticamente por el medio académico, aunque sea como forma de estimular el perfeccionamiento de las instituciones.

Ya se sabe que, entre los aspectos más relevantes, el valor de los indicios para fundamentar condenas dará lugar a una aguda discusión en la comunidad jurídica, en la perspectiva de los votos que serán publicados, con reflejos en la comprensión del principio de presunción de inocencia. Como aún no leí los autos ni las informaciones reunidas en el proceso, ni tampoco el texto íntegro de los votos emitidos, no tengo opinión formada sobre los parámetros que de allí emergerán ni sobre el contenido de las críticas que serán oportunas. De haber habido tiempo para seguir todos los votos por la TV Justiça, quizá sería posible emitir una opinión sólida sobre la calidad de las votaciones, pero, aun así, pecaría por la falta de lectura de los autos.

Hay, sin embargo, un aspecto sintomático que llama la atención y me parece que el STF y la Procuraduría General de la República están alineados con las visiones más modernas sobre este tema: los acusados, todos, respondieron en libertad a la acción penal 470. Lo que se observa es que en este juicio del Mensalão, considerado por el Relator, por la Procuraduría General de la República y por muchos como emblemático en términos de nuevo paradigma para el sistema punitivo, pues fueron castigados delitos como corrupción activa y pasiva, lavado de capitales, evasión de divisas, formación de banda, todos los acusados respondieron al proceso en libertad , sin siquiera someterse a las medidas cautelares alternativas a la prisión.

En tal contexto, admitiéndose que la jurisprudencia busca fijar pautas isonómicas de trato a los justiciables, ¿qué se puede esperar de otros procesos que involucran los llamados ilícitos de “cuello blanco”? ¿No hay más lógica en las prisiones preventivas cuando se trate de delitos sin violencia contra la persona humana? ¿Se equivocó el Procurador General de la República al no postular prisiones preventivas de los acusados o actuó con prudencia y dentro del modelo constitucional? Pienso que actuó correctamente y deberá marcar una actuación isonómica en otras situaciones análogas. El Ministerio Público puede incluso criticar la posición de su cúpula institucional, pero sería importante respetar las pautas emanadas del STF.

Cabe efectivamente notar que la prisión provisional, o preventiva, todos lo saben, es una medida excepcional, que se funda en la necesidad de garantizar que alguna especie de peligro inminente e ineludible sea apartado de la sociedad. El proceso ya trae consigo poderosos efectos aflictivos: es un castigo que alguien responda a un proceso, tanto que se exigen indicios y determinados presupuestos para esa especie de situación. El proceso produce daños a la imagen y perjuicios económicos, puede desequilibrar competencias políticas o empresariales, adquiere amplia publicidad en la sociedad y bloquea oportunidades profesionales.

Son frecuentes las exigencias de “Ficha Limpia” que penetran en el terreno de los antecedentes de las personas y el peso de los procesos es considerable, aun cuando no existan condenas. ¿Qué se dirá, en un escenario en que los propios procesos ya constituyen especies de penalidades, sobre la procedencia de una prisión antes de la sentencia? Es una medida extraordinaria, no puede ser realmente banalizada, porque traduce una fuerte penalidad anticipada en contra del debido proceso legal, los derechos de defensa y el contradictorio.

Se puede decretar una prisión preventiva para resguardar testigos, evitar que un acusado o investigado destruya pruebas, o que huya de la aplicación de la ley, cuando esta ya debe cumplirse de inmediato. En los casos de delitos violentos, es posible decretar una preventiva para evitar que el sujeto continúe cometiendo delitos contra la vida humana, por ejemplo, pues ninguna otra medida, salvo la prisión, sería capaz de contenerlo, como fórmula de protección del orden público.

¿Cómo evitar que una persona, asaltante violento, continúe agrediendo vidas humanas, cuando hay indicios de que, en libertad, pueda volver a hacerlo? Existen innumerables situaciones en que las prisiones provisionales, cautelares, son necesarias. Con la modificación del artículo 319 del Código de Proceso Penal por la Ley 12.403/2011 se instituyó un conjunto de medidas cautelares alternativas a la prisión, que ni siquiera fueron adoptadas en el proceso del Mensalão.

La preventiva solo puede decretarse cuando cualquiera de aquellas otras medidas se muestre insuficiente. El artículo 282, párrafo 4.º, del mismo CPP, enuncia que el conjunto de medidas alternativas depende de la meritocracia del sujeto. Es decir, se puede evitar la continuación de determinados delitos imponiendo a los acusados el apartamiento de funciones, u obligaciones provisorias de abstención o de acción. Se puede impedir la fuga de alguien con la retención de su pasaporte, así como es viable monitorear sus actividades, su residencia e incluso exigirle rendición de cuentas, con comparecencia periódica ante el juzgado. No es necesario, ni posible, anticipar de inmediato la privación de la libertad de las personas, sin juicio definitivo.

Y cuando se anticipa, abruptamente, la restricción de la libertad, ¿qué ocurre? Las medidas abusivas dan espacio a la desviación de finalidad o desviación de poder de agentes públicos. La prisión se transforma en un espectáculo de execración pública y castigo anticipado. Es imperioso evitar la multiplicación de actos arbitrarios, que deterioran la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de distribución de justicia. En la misma senda, es importante evitar que el proceso, y la prisión, se transformen en instrumentos opresores, incluso crueles, con ofensa a la dignidad humana y a la presunción de inocencia de las personas.

Una de las lecciones del Mensalão, por lo tanto, es que determinados delitos, no importa el grado de su repugnancia social, no ameritan, automáticamente, prisiones preventivas. Ciertamente, publicados los votos, se librarán muchos otros debates.