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Versión en español. Original en portugués

El STF y la absolución de Gleisi Hoffmann

Artículo sobre la absolución de la senadora Gleisi Hoffmann por corrupción y lavado de capitales por el STF, Folha de S. Paulo, 2018.

Traducción del texto original.

La senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), absuelta por el Supremo – Pedro Ladeira – 19 jun. 18/Folhapress

El STF juzgó improcedente la denuncia que imputaba delitos de corrupción y lavado de capitales contra la presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann. ¿Qué se puede decir desde ya sobre esa decisión, antes de la publicación del acuerdo, que será imprescindible para que se evalúen los votos y fundamentos técnicos en su real extensión y profundidad?

La crítica constructiva y abierta de la sociedad y de la comunidad jurídica a las decisiones judiciales constituye una fórmula de perfeccionamiento del proceso civilizatorio. Corresponde a los medios de comunicación y a los especialistas el escrutinio técnico, jurídico, filosófico, político y sociológico de las decisiones judiciales.

Aquella máxima de que una decisión judicial no se discute, solo se cumple, evidentemente no existe. La calidad de las decisiones judiciales, sean condenatorias o absolutorias, así como los actos del poder público, están siempre bajo el escrutinio de la sociedad.

Esos análisis deben transcurrir en un ambiente democrático, de respeto interinstitucional. Es imposible que alguien simplemente desprecie una orden judicial por discrepar de ella. O que parta a un ataque criminal contra las instituciones, por no aceptar el entendimiento de un tribunal.

No sería de sorprender que sectores radicales agredieran a ministros del STF, calificándolos con pesados adjetivos, por absolver a dirigentes petistas. Muchos líderes hicieron exactamente eso con magistrados que condenaron a dirigentes petistas, y algunos llegaron a calificar de “golpistas” tanto al Supremo como al Congreso, por avalar el impeachment.

Sin embargo, la independencia del Poder Judicial constituye un pilar de la democracia. Por lo tanto, se vuelve imperioso resguardar tal garantía esencial para el Estado de Derecho y depositar confianza en las instituciones, exigiéndoles el pleno desempeño de sus funciones constitucionales.

El STF tiene el desafío de mostrar coherencia y solidez en su jurisprudencia, uniformando tesis polémicas en el pleno. No tendría sentido que el justiciable dependiera de la suerte o desgracia de caer en una u otra Sala para encuadrarse en determinada tesis jurídica.

El Ministerio Público, por su parte, debe reafirmar su poder investigativo, mostrando resultados a la sociedad. Y actuar cada vez más cerca de la policía y de otras instituciones con espacios de investigación, para desencadenar procesos solo cuando haya alta probabilidad de éxito.

El STF, en Brasil, se ha revelado como un tribunal independiente, a pesar de las críticas que puedan merecer muchas de sus decisiones. En una democracia, las decisiones judiciales deben ser criticadas y debatidas públicamente, hasta para que los magistrados se perfeccionen. Lo que no se debe tolerar es el método de la desconstrucción de las instituciones.

La denuncia contra Gleisi Hoffmann, de acuerdo con la decisión del STF, no tenía consistencia, por la falta de pruebas materiales de corrupción y lavado de dinero. La Ley de Delación Premiada (art. 4º, § 16) determina que “ninguna sentencia condenatoria será dictada con fundamento solo en las declaraciones de agente colaborador”.

No hay duda de que nadie puede ser condenado con base solo en delaciones, aunque estén cruzadas entre sí. El delator tiene interés en el caso y presta un testimonio parcial. De ahí la importancia de los elementos de corroboración, que deben recogerse aún en la etapa investigativa.

¿Cuántas denuncias aún serán juzgadas procedentes o improcedentes? ¿Cuántas carecerán de pruebas o no prosperarán por otras razones? ¿Cuántas delaciones tendrán elementos de corroboración? Esos cuestionamientos emergerán a medida que el Poder Judicial se ocupe de los hechos. Será importante que todos estén atentos.

Fábio Medina Osório

Abogado y exministro-jefe de la Abogacía General de la Unión (mayo/sept. 2016, gobierno Temer)