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Versión en español. Original en portugués

Improbidad administrativa y empresarial: nuevos paradigmas

Artículo en el Correio Braziliense, el 25/06/2020, sobre nuevos paradigmas de la improbidad administrativa y empresarial, citando la Ley 13.655/2018 (LINDB).

Traducción del texto original.

Fábio Medina Osório*

En Brasil y en el mundo, las legislaciones vienen siendo perfeccionadas para fortalecer el combate a la corrupción. La Ley 13.655, de 25 de abril de 2018, por ejemplo, conocida como Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño, trajo conceptos que impactan sustancialmente otras normas, sobre todo las leyes de improbidad administrativa y de improbidad empresarial.

La Ley de Introducción es lo que se llama una “norma sobre normas”, es decir, determina cómo deben ser comprendidas y aplicadas las otras leyes. En ese sentido, se aplica a todas las leyes brasileñas, pero, en este caso, trataremos específicamente dos de ellas, que tienen gran importancia para empresas y agentes públicos. En efecto, las Leyes de Improbidad Administrativa y Empresarial (Leyes 849/92 y 12.846/13) reprimen la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la ineficiencia o desorganización endémica de sectores públicos y privados.

Con el propósito de evitar la arbitrariedad y el subjetivismo de los acusadores y juzgadores frente al debido proceso legal, las acciones basadas en esas normas deben contener descripciones pormenorizadas de las conductas prohibidas y de la jurisprudencia. Ya no hay espacio para los caprichos de los acusadores, ni tampoco para las técnicas arbitrarias de recurrir a conceptos excesivamente vagos y ambiguos en el encuadramiento de comportamientos prohibidos.

Una de las novedades de la Ley de Introducción es la necesidad de que las decisiones dictadas en procesos punitivos tengan en cuenta consecuencias prácticas y no se sustenten en valores abstractos. En cierta dimensión, hay necesidad de fundamentación concreta, desprovista de presunciones. No se puede, por lo tanto, solo presumir daño al erario como consecuencia de determinado comportamiento. Es imprescindible que el Ministerio Público señale y demuestre el perjuicio, respaldado científicamente.

Otra modificación se refiere a la culpa por error grosero, algo que hace años ya defendíamos en nuestra obra Teoría de la improbidad administrativa, fruto del doctorado bajo la orientación de Eduardo García de Enterría, en la Universidad Complutense de Madrid, cuando decíamos que la culpa solo podría admitirse por error grosero o grave. La nueva ley fija exactamente el concepto de culpa con base en la teoría del error grosero. Se puede hablar de culpa grave en ese escenario. Así, hay un margen de error jurídicamente tolerable para los agentes públicos y privados, de ahí que la mera inhabilidad no pueda clasificarse como prueba de improbidad, ni tampoco la culpa leve o levísima.

La Ley de Introducción fue reglamentada por el Decreto 9.830, de 10 de junio de 2019, que trata de los requisitos de fundamentación de las decisiones judiciales o administrativas. Una vez más, revelando la importancia y la influencia de la cultura del Common Law en nuestro sistema, se exige que la decisión explicite las normas, la interpretación jurídica, la jurisprudencia o la doctrina que la sustentaron.

Según la jurisprudencia de los tribunales superiores, existe una inequívoca vinculación de las acciones de improbidad con el derecho administrativo sancionador, régimen jurídico que defendemos aplicable a esas acciones desde 1999. En razón de la Ley 13.964/19 (Ley Anticrimen), se admite colaboración premiada y término de ajuste de conducta en las acciones de improbidad, por medio del acuerdo de no persecución civil, denotándose la influencia del derecho penal en el derecho administrativo sancionador.

Se aplican, pues, a la esfera del derecho administrativo sancionador, por simetría, los principios penales, con matices. Es el momento de rescatar para posibles acuerdos innumerables acciones de improbidad administrativa que tramitan en la Justicia brasileña, muchas de las cuales están destinadas al fracaso y otras tantas marcadas por la arbitrariedad y la injusticia extremas.

* Abogado, fue ministro de la AGU