Portal iMirante: “Muchas empresas serán disueltas o sufrirán fuertes multas”, dice abogado
Entrevista al Portal iMirante en São Luís sobre conductas administrativas y civiles de preservación de la probidad empresarial bajo la Ley Anticorrupción.
Texto de la entrevista
Traducción del texto original.
ADRIANO MARTINS COSTA
Fábio Medina Osório estuvo en São Luís para hablar sobre las conductas administrativas y civiles de preservación de la probidad de una empresa o persona jurídica de cualquier forma jurídica en su relación con la Administración Pública
Fábio Medina Osório estuvo en São Luís para disertar (Foto: Divulgação)
SÃO LUÍS – Aplicable desde 2014, la Ley n.º 12.846/2013, llamada Ley Anticorrupción, castiga a las empresas por actos de corrupción contra la administración pública. Las empresas serán responsabilizadas por prácticas ilícitas y podrán pagar multa de hasta el 20% de su facturación, que se considera un valor alto. En São Luís, para dictar una conferencia a magistrados y fiscales en el “Seminario sobre Improbidad Administrativa y Delitos contra la Administración Pública”, el abogado Fábio Medina Osório, especialista en improbidad y compliance, una exigencia de la ley anticorrupción en el sentido de que las empresas hagan adecuaciones en sus estatutos con mayores estándares de transparencia, habló en exclusiva a O Estado sobre la aplicabilidad de esa ley.
El abogado presentó la conferencia “Aspectos prácticos y procesales relativos a la tramitación e instrucción de la Acción de Improbidad”, en la que abordó los aspectos prácticos y teóricos que envuelven las principales controversias en torno a las acciones de Improbidad Administrativa, buscando orientar a magistrados y miembros del MP-MA.
Alertó sobre los principales problemas que vienen conduciendo a las inmunidades de esos procesos judiciales, mostrando la importancia de respetar los derechos fundamentales y dar celeridad a los procesos, sin cometer ilegalidades que contaminen garantías y conduzcan a vicios que puedan manchar el proceso ante los tribunales superiores.
También dio su opinión sobre la Operación Lava Jato y sobre el desafío de cambiar la cultura de la corrupción en el país, y habló sobre la decisión inédita, dictada el 17 de febrero de este año, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) cambió la jurisprudencia de la Corte, afirmando que es posible la ejecución de la pena después de una decisión condenatoria confirmada en segunda instancia.
¿La ley anticorrupción ha surtido efecto?
La Ley ya es aplicable desde enero de 2014 y, con base en ella, muchas investigaciones están en curso. Por eso, muchas empresas son vulnerables. Existe un debate todavía tímido en la sociedad sobre los efectos de la Ley anticorrupción y sus consecuencias. Cuando las operaciones empiecen a ocurrir, muchas empresas serán disueltas o sufrirán pesadas multas y no lograrán sobrevivir en el mercado. Todavía es pronto para evaluar los efectos de la Ley, pero es posible decir que sus consecuencias serán inevitables.
¿De dónde parte la principal dificultad en el cumplimiento de la Ley Anticorrupción?
El principal desafío es cambiar la cultura. Muchos empresarios aún apuestan, y van a apostar, por la cultura de la corrupción. El sector público necesita dar el ejemplo y organizar sus estructuras de autorregulación y control. Los nuevos ambientes tecnológicos permiten una reducción drástica de los antiguos patrones de impunidad. Brasil cuenta actualmente con modelos normativos avanzados. La ley vale para todos, y ejemplo de ello es la Operación Lava Jato. Quien se adapte más rápidamente a esta nueva realidad obtendrá diferenciales competitivos.
¿Acciones como Lava Jato y Mensalão tendrán un efecto duradero en el combate a la corrupción en Brasil? ¿Podrán ser tratadas como ejemplo?
Sin duda, otras iniciativas deberán ocurrir a continuación de la Operación Lava Jato. Es un parteaguas en el combate a la corrupción y ya es considerada una de las mayores operaciones del mundo. El fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras es consecuencia lógica de este proceso republicano, pero, mucho más allá de eso, va el espectro de Lava Jato, que profundiza el concepto de ciudadanía y control social. El paradigma de autorregulación que se impone a las empresas es una nueva realidad.
¿El hecho de que los juicios en segunda instancia ya impliquen el cumplimiento de penas no puede causar problemas futuros, en caso de que los resultados sean contrarios a los ya establecidos?
Los juicios colegiados en segunda instancia son los más importantes, pues evalúan hechos y pruebas y analizan la justicia o injusticia de las decisiones. Los Tribunales Superiores no se prestan al reexamen de determinados puntos. Por eso, la orientación del Supremo Tribunal Federal fue alineada con la jurisprudencia y la legislación de otros países desarrollados, pero también con una interpretación posible de nuestro propio ordenamiento jurídico.
Casos injustos, que revelen arbitrariedades, desafiarán habeas corpus, y ciertamente los tribunales superiores sabrán equilibrar dentro de una lógica de excepcionalidad. El festival de recursos como meros obstáculos al cumplimiento de las penas ocasionó esa revisión de la jurisprudencia en el STF. La presunción de inocencia nunca tuvo ese carácter absoluto que se imaginó. Por tales razones, ahora, más que nunca, es necesario invertir en la prevención.
Perfil
Fábio Medina Osório es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Público por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Fue Fiscal (Promotor de Justicia) en Rio Grande do Sul y renunció para ejercer la abogacía privada. Es presidente del Instituto Internacional de Estudios de Derecho del Estado – IIEDE.